President del Govern entre 1999–2003 i 2007-2011.

Francesc Antich i Oliver (Caracas, 1958) fue el primer presidente socialista del Gobierno. Ocupó el cargo por primera vez entre 1999 y 2003, y nuevamente entre 2007 y 2011. Durante su segunda etapa en el Consolat de la Mar se produjo el reconocimiento, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, de la infrafinanciación que sufrían las Islas Baleares.

Esta entrevista se hizo unos meses antes de su fallecimiento.

Llega a la presidencia del Gobierno en 1999 después de dieciséis años de mayorías del Partido Popular. ¿Cuál es la situación financiera que se encuentran?

La situación era de un crecimiento importante de la deuda pública y del déficit, en una coyuntura anterior marcada por un fuerte crecimiento de la economía: una etapa, la previa a 1999, caracterizada ya por un desarrollo desbocado de la construcción, con indicios claros, además, de congestión turística (en aquellos momentos se hablaba en determinados medios de «agobio», y esto es textual).

Por otro lado, el presidente Matas había impulsado un REB (Régimen Especial de Baleares) que quedó totalmente arrinconado, descafeinado, sin fuerza, cuando se presentó en el Congreso de los Diputados (donde, además, cabe recordarlo, el PP tenía mayoría: era la etapa de Aznar). Luego, el mismo gobierno de Aznar, respondiendo a las reticencias de Baleares a aceptar el nuevo sistema, con la famosa frase de «fuera del sistema hace mucho frío», nos impuso un modelo de financiación autonómica que nos supuso estar 21 puntos por debajo de la media estatal de las comunidades autónomas de régimen común: un índice de 79 sobre 100 (siendo 100 la media). Un sistema que los conservadores del Estado y de aquí siguieron defendiendo como mejor que el que conseguimos en 2009.

Finalmente, las inversiones del Estado en Baleares no eran relevantes y funcionaban de manera unidireccional, sin consultas con el gobierno de las Islas, y muy a menudo con una absoluta confrontación, como ocurrió con el modelo de carreteras, trenes, desaladoras, etc.

En 2007, cuando vuelve a ser presidente, se da por primera vez la situación de que los socialistas gobiernan en Madrid y en Baleares. Consultando las estadísticas, resulta evidente que durante esos años mejora notablemente la financiación para Baleares. ¿Cómo es el proceso para convencer a Rodríguez Zapatero?

La mejora de la financiación es algo evidente, digan lo que digan. Los datos, que se pueden consultar no solo en el propio Ministerio de Hacienda, sino también en FEDEA, el CSIC o la Generalitat de Cataluña, señalan sin rodeos que Baleares alcanzó la media de financiación por cápita (es decir, llegar al índice 100) tras la aplicación del modelo.

El proceso para llegar aquí fue complejo, dividido en dos frentes: uno político y otro de carácter técnico-económico. Este último fue determinante en la obtención de datos solventes.

El equipo económico del gobierno trabajó en diferentes escenarios (según si el gobierno central ponía más recursos, la cantidad de los mismos con distintas posibilidades, o si no ponía ningún recurso nuevo), elaborando documentos muy sólidos que fueron presentados tanto al ministro Pedro Solbes, al secretario de Estado Carlos Ocaña, y al resto de consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que construir documentos con sólidas bases científicas fue clave para lograr nuestro objetivo de alcanzar la media de financiación por cápita, tal y como se expresó en el Parlamento de las Islas Baleares.

La negociación técnica fue intensa, y también la política, con diferentes reuniones mías con el presidente Zapatero, el ministro Solbes y el secretario de Estado. Ante los números que les presenté y los datos que ellos tenían sobre la realidad de las islas, adoptaron una actitud positiva y comprensiva del problema, aunque hubo tiras y aflojas, todo hay que decirlo. No fue sencillo.

Piense que en aquellos momentos muchas comunidades autónomas aún se dirigían a nosotros como si fuéramos ricos y, por lo tanto, no era necesario incrementar nuestra financiación. Pero lo que demuestra que había una actitud positiva para resolver la situación que sufrían las Islas Baleares fue que en el nuevo modelo se incorporó una cláusula para las islas, mediante la cual, ante la situación de que Baleares era aportadora neta (es decir, la que más aportaba y menos recibía), la contribución al fondo de suficiencia sirviera para asegurar que Baleares se situara en la media estatal.

Zapatero llegó a decir que quien tenía razones para quejarse era Baleares más que Cataluña.

Y era cierto. Nosotros estábamos a la cola, literalmente, del financiamiento per cápita, mientras que Cataluña, por ejemplo, rozaba la media. Pero creo que lo que hizo creíble nuestro discurso fue el estudio que presentamos al presidente Zapatero y a su equipo económico. Sin eso, yendo solo a decir que estábamos mal financiados sin datos solventes que lo demostraran en diferentes escenarios, tal vez todo habría resultado más costoso.

¿Cuáles son los avances más destacados en el campo del financiamiento para Baleares durante su mandato?

Nosotros trabajamos en lo que podríamos denominar un trípode del financiamiento de Baleares: el modelo de financiamiento, las inversiones estatutarias y el REB. Sobre esos tres aspectos clave no se había hecho nada, o muy poco, hasta 2007. Los trabajos y las negociaciones, políticas y técnicas sobre estos tres aspectos los iniciamos en el verano de 2007. Ya he hablado del modelo de financiamiento. Vamos ahora con las inversiones. De hecho, en octubre de 2007, y después de encuentros recurrentes con el Ministerio de Hacienda durante los meses de julio-septiembre, propusimos un documento base para activar lo que dice nuestro Estatuto (Disposición Transitoria Novena): las inversiones en campos específicos, como el transporte, la investigación, puertos, medio ambiente, trenes, carreteras, obras hidráulicas, costas, parques naturales, infraestructuras turísticas, etc. No fue sencillo; pero, de nuevo, ir a Madrid con los deberes hechos (y no solo con quejas y lamentos) fue determinante. Se aprobó que Baleares recibiría 400 millones de euros anuales durante siete años (cuando en ese tiempo recibíamos, creo recordar, unos 160 millones anuales), hasta 2014, año en que debería entrar en vigor un nuevo REB, que incluiría las inversiones del Estado. Estamos hablando de 2.800 millones de euros en total, una cifra muy relevante. Conseguimos, además, fijar una cláusula clave: estas partidas debían ser ejecutadas, es decir, no solo presupuestadas. Esto nunca se había hecho en una negociación político-económica. Por otro lado, una parte relevante de las inversiones eran propuestas por el Gobierno de las Islas, con una negociación directa con el Ministerio de Hacienda, que posteriormente proveía los fondos a los distintos ministerios implicados. Además, si un año no se ejecutaban las inversiones previstas, las partidas pasaban al año siguiente. El objetivo estratégico era alcanzar los 2.800 millones de euros cuando llegara la entrada del nuevo REB.

He de decir que, cuando llegamos al gobierno, no encontramos ningún proyecto de inversión por parte del ejecutivo anterior, por lo que igualmente tuvimos que construir proyectos que encajaran en el acuerdo al que habíamos llegado. De ahí surgieron iniciativas como las Inversiones ferroviarias, el proyecto del tranvía, infraestructuras en I+D+i, inversiones tecnológicas –clusterizaciones empresariales– para reorientar el modelo de crecimiento o inversiones en «recuperaciones» de zonas turísticas maduras, como la Playa de Palma. Los datos son importantes, por lo que ya en 2008 Baleares recibió 300 millones de euros (y no 400, porque, como dije, no teníamos disponibles proyectos anteriores que pudiéramos aportar). Se nos criticó por esto, pero los 100 millones que no se invirtieron en 2008 se invirtieron en 2009, además de los 400 millones correspondientes. Fuimos rigurosos a la hora de presupuestar los recursos que recibíamos de Madrid y de ejecutarlos. Esto fue muy valorado por el gobierno central, que vio que no íbamos de promesas vacías ni demagogias. También cabe destacar que, dado el federalismo interno que aplicaban, dimos juego a los Consejos Insulares para que pudieran elegir parte de los proyectos a realizar en cada una de las islas.
También cabe señalar que en esa legislatura, en aplicación del nuevo estatuto, pusimos en marcha la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.

¿Y qué insuficiencias no quedaron resueltas?

Básicamente: la tercera pata del trípode, es decir, el REB, a pesar de que la consejería de Economía, Hacienda e Innovación disponía de documentos base avanzados. Pero no nos dio tiempo. En esos documentos se especificaban aspectos como los costos de insularidad o la integración de las inversiones del Estado en Baleares.

Usted y el consejero Carles Manera contaron con el apoyo de instituciones como el Cercle d’Economia en sus reclamaciones. ¿Cómo recuerda los contactos que mantuvieron?

El Cercle, presidido entonces por Alexandre Forcades, fue un gran aliado del gobierno. Su dedicación y compromiso fueron claves para poder ir a nuestras negociaciones con el respaldo de la sociedad civil, con la Plataforma por el Financiamiento. Esto fue considerado muy positivamente por el gobierno central. Para nosotros, fueron caballos de fuerza fundamentales para llevar adelante las negociaciones. El Cercle fue muy combativo y efectivo, también con posiciones empáticas y bien sustentadas.

En 2001 aprobó la primera ecotasa y fue atacado por hoteleros y la oposición. En 2007 no se atrevió a implantarla de nuevo. Hoy, casi en todas partes se paga algún tipo de tasa turística. Francina Armengol la recuperó y ahora incluso el PP la acepta. ¿Se arrepiente de no haberlo hecho en 2007?

Sin dejar de pensar que se trataba de una herramienta muy importante, de hecho, con la presidenta Armengol la recuperamos, la verdad es que en aquellos momentos, una cierta decepción de los resultados de 2003 (con las heridas demasiado frescas tras una campaña brutal contra la ecotasa por parte del sector que asustó a muchos trabajadores), la conformación de un nuevo gobierno con turismo en manos de UM y la gran recesión que sufrimos hicieron que no la recuperáramos. Dadas las circunstancias, creo que no hubiéramos podido, y además le habríamos hecho un mal favor a una muy buena medida, a la que, tal como ya había pasado antes, con los efectos del 11-S, el aumento de los precios del petróleo o la recesión de la economía alemana, se le habría culpado a ella de los malos resultados económicos ocasionados por la crisis de 2008. En esos momentos teníamos muchos frentes de difíciles negociaciones y situaciones complejas. En los campos económico y financiero nuestras prioridades eran: llegar al financiamiento per cápita medio, obtener inversiones estables del Estado a partir de convenios con nosotros –independientemente de otras partidas que el Estado de forma unilateral quisiera hacer en las Islas–, construir al menos los cimientos del REB, desarrollar la economía pública –sanidad, educación, servicios sociales–, poner bases para un cambio de modelo con el pacto por la competitividad y el empleo, la recuperación del ParcBit, incrementar la ratio de I+D+i, etc. Además, se activaron medidas contra la corrupción y se hizo frente a los procesos de fusión bancaria.

A todo esto, la Gran Recesión nos obligó a tomar medidas –incremento del déficit público y de la deuda pública, dilación en el pago a proveedores– que, no obstante, mantuvieron firmes los cimientos del Estado del Bienestar en las Islas (no se produjeron recortes dramáticos ni en la educación ni en la sanidad ni en los servicios sociales). Nuestros ingresos, en esta coyuntura crítica, cayeron unos 1.000 millones de euros, cifra reconocida por la Intervención General del Estado. Y teníamos, aun así y con las circunstancias que le he explicado, que llevar adelante un presupuesto público que mantuviera la fachada social. Fueron años muy difíciles.

¿Llegaron antes de tiempo a este impuesto que hoy casi todo el mundo acepta?

El gobierno de 1999 y el de 1995 en el Consell Insular de Mallorca fueron de choque, rompedores, con muchos aspectos, respecto del modelo de desarrollo insostenible y masificación que se estaba impulsando. Con la ecotasa llegamos antes de tiempo, seguramente. Pero como con tantas otras cosas (ordenación del territorio, ordenación turística, figuras de protección, transporte público, educación, servicios públicos, listas cremallera, lengua, etc.) dejamos muchos ladrillos puestos y caminos abiertos que sirvieron de base para avances posteriores.

Hay que recordar la avalancha de críticas que recibimos con la ecotasa, con grandes campañas mediáticas en contra del sector y de los conservadores. Hoy, a pesar de que los conservadores también votaron en contra del impuesto aprobado por el Gobierno de Francina Armengol, nadie discute la bondad del impuesto, ni la capacidad financiera que otorga a las regiones europeas que lo aplican. Fuimos pioneros en el ámbito turístico.

Fèlix Pons, ante las continuas exigencias de las autonomías, llegó a reclamar “unos instantes de felicidad autonómica”, disfrutar de lo que se tiene. ¿Esta dinámica de siempre pedir más no resta eficacia a la gestión?

Los que creemos en un estado federal pensamos que aún hacen falta muchas reformas para hacer, en distintos ámbitos (Senado, competencias, hechos diferenciales, etc.) y hay que ponerlas negro sobre blanco. Poca felicidad autonómica puede haber si el sistema de financiamiento actual debía reformarse en 2014 y estamos en 2024 y no se ha hecho nada. A menudo, los avances que se piden son, precisamente, imprescindibles para mejorar la gestión. Hay que crear espacios para tratar estos temas con lealtad. En Alemania hay una comisión permanente para evaluar el funcionamiento del sistema de financiamiento y evitar posibles desviaciones e injusticias. Pedir más debe ir avalado, como decía antes, por números, por datos. Eso justamente fue lo que nos hizo creíbles a nosotros en 2007-2009, en los procesos de negociación que he descrito. La queja sin fundamentos lleva a la melancolía. Hay que analizar con profundidad lo que ya tenemos, para hacer las nuevas demandas.

Los presidentes del Gobierno central retrasan todo cuando pueden las reformas del sistema de financiamiento autonómico. ¿Podemos decir que es un mal de muelas que, por mucho que se negocie, no dejará contento a nadie?

Por una parte siguen los tics centralistas del Estado, como si las obligaciones de reformar el sistema de financiamiento fueran una concesión y no una obligación, que se puede o no otorgar por el Estado. Por otro lado, cuando el sistema tiene suma cero, evidentemente dejará descontentos. Una vía de salida, para evitar dificultades políticas, sería poner más recursos al sistema, si se quiere mantener el statu quo. Otra cosa inducirá sin duda un debate que, en la coyuntura política de polarización y crispación actual, por desgracia, puede ser muy agrio, partidista y poco leal institucionalmente.

Cristòfol Soler, en sus años de conseller de Hacienda en Baleares, llegó a reclamar un sistema similar al de Navarra y País Vasco. ¿Sería esta la solución frente a tantos lamentos desde todas las autonomías?

Como reclamación que queda en el ámbito de la teoría hace quedar bien a quien la propone. Recuerde que Jordi Pujol, a quien se lo ofrecieron, lo rechazó. Habrá que analizar bien su aplicación. Lo que le decía antes: hay que hacer números y investigación, para evitar caer en demagogias y dogmatismos que no llevan a ningún lado, crear espacios de debate y decisión y avanzar hacia un sistema federal de financiamiento.

¿A su parecer, hacia dónde debe ir el financiamiento de las autonomías en el futuro?

Hay que aplicar más federalismo. Un factor que se debería considerar es el principio de ordinalidad. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en la media del financiamiento per cápita, y ocupamos, según el año que analicemos, la posición 6-8 de las comunidades autónomas. Recuerde que estábamos en la posición decimosexta. Pero, dicho esto, somos la región que más aportamos al Estado, también en términos per cápita, junto con Madrid y Cataluña, de modo que, también según el año, podemos estar en la posición dos o tres. Esto debería ordenarse, y hacerse más homogéneo. También sería muy importante, tal como lo propusimos en la última reforma del sistema: avanzar en la autonomía y suficiencia financiera, que el cálculo de las necesidades de gasto considere el costo de la vida, reforzar la compensación por insularidad, y la doble y triple insularidad, que se establezca un nivel de solidaridad entre regiones, que la nivelación garantice unos niveles mínimos de prestación, y que en cualquier caso el diseño del mecanismo de transferencias de nivelación sea adecuado para dar cumplimiento al principio de solidaridad, que los fondos de suficiencia sean una verdadera cláusula de cierre, etc.

Pero para el conjunto de las autonomías, y atendiendo a la situación de crispación existente en la actualidad, una vía posible para encarar el tema es que el gobierno central ponga más recursos. Y que, evidentemente, las comunidades autónomas actúen con lealtad institucional y sentido de Estado, un principio fundamental en un estado federal.