Consejero de Economía, Hacienda e Innovación entre 2007 y 2011

Carles Manera, Palma, 1957, es catedrático de historia económica en la UIB. Doctor en economía por la Universidad de Barcelona y en historia por la de Baleares, fue consejero de Economía, Hacienda e Innovación entre 2007 y 2011, periodo en el cual se aprobó la última reforma del sistema de financiación autonómico. En 2017 se convirtió en presidente del Consejo Económico y Social y en 2020 fue nombrado uno de los seis consejeros del Consejo de Gobierno del Banco de España.

En 2007 se convierte en consejero, ¿cuál era la situación que se encontró respecto al financiamiento de nuestra autonomía?

El análisis que hicimos sobre el financiamiento autonómico indicaba que estábamos unos 21 puntos por debajo del financiamiento per cápita, en aquellas comunidades de régimen común. Esto era un reto, atendiendo a las necesidades de capital público que existían y aún existen en Baleares. Y, evidentemente, condicionaba el funcionamiento del sector público balear.

¿Por qué no recuperaron la ecotasa?

No planteamos la recuperación de la ecotasa por el proceso que se vivió con la promulgación del impuesto, en el transcurso del primer pacto de progreso. Una situación de enorme tensión de aquel gobierno con el sector hotelero; pero, además, nosotros, en el nuevo pacto de progreso, estábamos condicionados, internamente, por la composición del propio gobierno, donde había una opción política que no estaba de acuerdo con la promulgación del impuesto. Esto fue un hándicap para la composición del resto del Ejecutivo.

Gran parte de su esfuerzo se centró en mejorar el financiamiento de las Islas. ¿Cuáles fueron los primeros pasos?

El primer objetivo en este aspecto fue elaborar documentos rigurosos, comparativos entre comunidades autónomas, para identificar los puntos donde serían necesarias negociaciones más adecuadas. Al mismo tiempo, el estado de las inversiones del Estado en Baleares fue otra pieza que abordamos de inmediato. Se trataba, en paralelo al trabajo que ya estábamos haciendo sobre el modelo de financiación, de establecer unas bases sólidas, amparadas en el Estatuto de Autonomía, para tener garantías serias de inversiones ejecutadas –y no solo fijadas en el presupuesto– en campos específicos como la investigación o la innovación turística, entre otros. Tuvimos diferentes documentos de trabajo que discutimos con el Ministerio de Hacienda, hasta llegar a una resolución clave: el compromiso de 400 millones de euros anuales, ejecutados, entre 2007 y 2014, años en los que debería ponerse en funcionamiento el Régimen Especial. El acuerdo se hizo efectivo ya en el ejercicio 2008, y fue muy beneficioso para Baleares entre 2008 y 2010, según los datos de la propia Intervención General del Estado. Esto tratamos de incorporarlo al presupuesto de 2008. Piense que nosotros entramos a gobernar en julio de 2007, y todos estos procesos que le he explicado estaban siendo trabajados –y en el caso de las inversiones, ultimando– entre julio y diciembre de 2007. Trabajo muy intenso en un tiempo limitado.

Leyendo la documentación del Círculo de Economía, me ha parecido que hubo una cierta complicidad y estrategia común entre la entidad, presidida por uno de sus predecesores pero del PP y un gobierno del PSOE. ¿Es así? ¿Cómo fue este trabajo común?

La complicidad con el Círculo de Economía fue total, desde el minuto uno. Al frente del Círculo estaba Alexandre Forcades, un economista liberal con mucho sentido común que entendió de inmediato los esfuerzos que estábamos haciendo desde el gobierno. Con él, y junto a todo el Círculo, comentamos pasos y fases del proceso de negociación. Recuerdo varias reuniones con el Círculo, con mi equipo, exponiendo los factores técnicos que defendíamos, y que pensábamos serían exitosos por su robustez tanto teórica como práctica, y el acuerdo total con el Círculo. Al mismo tiempo, el Círculo también recuerdo que aglutinó una Plataforma por el Financiamiento, una articulación de gran capital social, con un objetivo claro para el nuevo modelo: alcanzar la media del financiamiento per cápita. Debo decir que esto se consiguió, y la mejora del financiamiento para las islas ha sido sustancial. Es de las cosas de las que me siento más satisfecho como consejero, por el trabajo técnico y político que desplegamos, con el total apoyo, naturalmente, del presidente Antich, quien fue una pieza clave en las negociaciones políticas.

Usted coincidió con un Gobierno socialista en Madrid, pero con la misma lectura en la mano, las negociaciones no fueron sencillas.

Las negociaciones fueron tensas en muchos momentos. Recuerdo que, de alguna manera, se nos decía que Baleares era una comunidad rica. Nosotros argumentábamos, con datos sólidos en la mano, muy trabajados y detallados, que podíamos tener una renta per cápita elevada, pero que la economía pública era pobre. Y obtener recursos para su gestión se volvía esencial en capítulos tan relevantes como la educación y la sanidad, por ejemplo. Al mismo tiempo, debo decir que nos hicieron caso, tanto al Ministerio como al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mire: creo que en Política, y por lo que me afecta como profesional de la economía, lo que es trascendental es construir bien los argumentos: con datos convincentes, sólidos, que resulten difíciles de refutar –no de discutir, por supuesto–. Y pienso que nosotros pudimos alcanzar este nivel, con una avalancha de variables de todo tipo (demográficas, financieras, económicas) que hicieron fuerte nuestro discurso, nuestra narrativa.

¿Cuál era la actitud del Ministerio de Hacienda?

En un principio, escéptica y muy dura. El Secretario de Estado, Carlos Ocaña, era muy exigente (lo cual comprendo perfectamente) con todos los argumentos que planteábamos. El Ministro Pedro Solbes, también. Pero, como le comentaba antes, el hecho de presentar documentos profusamente elaborados, partiendo de la situación endógena de la economía pública balear, pero también haciendo comparativas históricas y por regiones, facilitó que, finalmente, el Ministerio entendiera que no estábamos vendiendo humo, ni íbamos a Madrid con quejas victimistas, sino con números que, además, provenían de bases de datos públicas, sin torturas estadísticas. Dimos una imagen seria, alejada de discursos vacíos de contenido.

¿Cómo se produce la declaración de Zapatero diciendo que Baleares era la comunidad peor financiada y la comparó con Cataluña?

Las conversaciones de Zapatero con Antich fueron importantes, desde la óptica política. De hecho, nos dividimos el trabajo con un planteamiento adecuado: todo lo que era técnico-económico lo trabajábamos desde la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación con la Secretaría de Estado; mientras que la parte política, totalmente determinante, sobre los datos que el presidente Antich conocía perfectamente, la desplegaba él. Creo que Antich, en este contexto, fue tan convincente con Zapatero, que, supongo, lo hizo emitir esta declaración. Recuerde de nuevo, como le he dicho, que nosotros siempre poníamos la situación de Baleares en relación con el resto de comunidades autónomas: con “estadillos” económicos y financieros. Esta información fue crucial. Y la capacidad de convicción del presidente Antich se volvió clave.

¿Qué ventajas consiguió Baleares con el sistema de 2009?

Situarse en la media del financiamiento per cápita: de un índice 79 sobre 100 (siendo 100 la media), nosotros nos colocamos en el 100 y, en algunos años, por encima del 100, según indican diversos estudios provenientes del propio Ministerio de Hacienda o del CSIC. En dinero, esto ha representado incrementar nuestra financiación anual entre 500 y 800 millones de euros adicionales. Sin estos incrementos, no se podrían haber desarrollado políticas sociales y mejoras efectivas, por ejemplo, en las legislaturas del tercer pacto de progreso.

¿Qué carencias quedaron?

El diferencial entre lo que aporta Baleares y lo que recibe, es tal vez el problema central, a día de hoy. Nos encontramos, en el ranking, entre las 5-7 primeras que reciben; pero están prácticamente siempre como la primera que aporta. Esto habría que corregirlo. Y hacerlo con un nuevo modelo de financiación que, lo primero que debería concretar, es la meta a alcanzar. Mire, nuestra meta fue llegar al financiamiento per cápita de la media. Lo hicimos. Ahora: ¿cuál es la meta que se plantea? Este es el desafío que hay que abordar.

Llegó al Gobierno con una economía al alza y salió con una crisis económica nunca vista en casi un siglo, ¿ayudó el nuevo sistema de financiación a afrontar mejor la situación?

Nosotros vivimos una legislatura tremenda, sacudida por eventos que fueron verdaderos cisnes negros: la Gran Recesión, en 2008; las crisis bancarias, entre 2008 y 2011; el afloramiento de las corrupciones económicas anteriores, con casos emblemáticos que son bastante conocidos, desde 2008. Y, al mismo tiempo, los retos que le he mencionado antes: construir un nuevo modelo de financiación, las inversiones estatutarias, la confección de presupuestos, el Pacto por la Competitividad y la Cohesión Social que, ahora no se recuerda, pero supuso la firma de 17 acuerdos entre administraciones, sindicatos y patronales, con dotaciones presupuestarias específicas… En estas coordenadas, el estallido de la crisis económica se manifestó, para Baleares, a finales de 2008 y el primer trimestre de 2009: caídas del PIB, sin llegar entonces a tasas negativas, pero con un retroceso claro. Y en un panorama internacional –los informes de importantes instituciones económicas eran elocuentes– de que la crisis era recuperable, y transitoria. Esto lo decían Alan Greenspan (presidente de la FED) y Jean Claude Trichet (presidente del BCE). Nadie vio venir este tsunami, con esas proporciones. El modelo de financiación, con todo esto, resistió el embate, aunque obviamente se resintió por una razón clara: por la caída en las recaudaciones de IRPF y IVA. Y con una caída de ingresos evaluada en unos 1.000 millones de euros. Pero piense que, en todo este diluvio, nosotros ni cerramos una sola escuela ni un solo PAC: mantuvimos los servicios públicos. Y la economía pública ni peligró, ni la dejamos en quiebra, como de manera muy poco sensata se ha dicho algunas veces. Incrementamos, eso sí, el déficit público y la deuda pública: esta fue nuestra opción en política económica en una coyuntura terrible. Una práctica, por cierto, que siguieron igualmente otras comunidades autónomas y gobiernos de todo el mundo: los datos están disponibles para comprobarlo.

En 2014 se volvió a negociar el sistema de financiación autonómica, ¿cómo quedaron las Islas Baleares? –No sé cómo responder a esa pregunta; creo que el núcleo del modelo vigente es el que tenemos.

Han pasado diez años desde la última reforma. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Nadie quiere volver a iniciar una negociación como esta? –Iniciar esta discusión es complicado, sobre todo en la situación actual, demasiado marcada por la crispación y los reproches. Si se mantienen los status quo, entonces no hay duda de que el gobierno central tendría que poner más fondos para cubrir las expectativas que se han generado en estos últimos años. No veo factible que se rompa este status quo, dadas las dificultades políticas que conllevaría.

¿Cómo debería cambiarse? ¿Sería mejor un sistema generalizado de ‘cupos’? –Depende de cómo se planteara eso. Y, evidentemente, si se produjeran “solidaridades fiscales” entre los territorios, dado que no todos tienen las mismas estructuras económicas ni las mismas situaciones socioeconómicas.

Las comunidades suelen ser muy reivindicativas cuando se trata de reclamar que el Estado les envíe dinero, pero a nadie le gusta ser señalado como el que crea y cobra impuestos. ¿Falta más corresponsabilidad de las autonomías? –La tesis fallida de la curva de Laffer es la que suele impregnar las propuestas de las comunidades que actúan de manera ligera con los impuestos. Pensemos en que los servicios públicos de calidad dependen de los ingresos que tengan las administraciones correspondientes: cada euro que se gasta y/o se invierte, es un euro que se debe ingresar. Apostar por reducir la capacidad fiscal de una comunidad autónoma, ya sea por ideología política-ideológica, ya sea por previsiones electoralistas, es una mala estrategia para después ir a reclamar más recursos a Madrid. Y no solo a Madrid: a debatir el tema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están todas las comunidades autónomas.

¿Hay ‘dumping’ fiscal por parte de algunas comunidades como País Vasco, Navarra o Madrid?

El País Vasco y Navarra actúan bajo un régimen particular, que no tiene nada que ver con el régimen común. El caso de Madrid, que es de régimen común, está impulsando –como también creo que Andalucía– una política de reducciones fiscales que afecta, de manera esencial, a las franjas más ricas de la población, con la visión teórica –y científicamente fallida– de que estas franjas incentivarán las inversiones. El dumping, entonces, existe, en aras de una economía más liberalizada. Pero, al mismo tiempo, resulta difícil de entender que después se pidan más recursos al Estado, cuando una parte de la corresponsabilidad fiscal regional se ha rechazado.