Reflexión. Cómo salvar la campaña turística 2021.

Por José María Lafuente. Socio del Cercle. Prof. Derecho Constitucional

 

PASAPORTE SANITARIO Y CÓMO SALVAR LA CAMPAÑA TURÍSTICA DEL 2021

Partamos de una premisa incontestable: La reactivación del turismo pasa por garantizar la seguridad sanitaria tanto de los receptores como de los visitantes, tanto de los ciudadanos de Baleares como de los turistas que nos visiten. De una parte, no vendrán turistas si persiste el temor generalizado a la pandemia en el sur de Europa. En estos últimos meses, los medios de comunicación internacionales se refieren a España solo para destacar que, tras Italia, es el país europeo con mayor número de fallecidos a causa del coronavirus. Costará un enorme esfuerzo virar esa percepción generalizada. Y de la otra parte, tampoco los residentes en las Islas aceptarán visitantes que supongan un riesgo de rebrote de una epidemia que en Baleares empieza a replegarse. Esta es la premisa para la que quiero proponer una solución que de antemano sé que será controvertida.

 

Por un gran pacto público-privado

Los efectos económicos de la pandemia del corona virus en Baleares están siendo demoledores. El Govern balear recientemente anunció un impacto del 31.6% en el P.I.B. que se traducirá en una pérdida de 9.273 millones de euros y de 150.000 puestos de trabajo. Todos los sectores resultarán afectados: comercio, construcción, transporte, etc. Por su estacionalidad, el daño se intensifica en el negocio turístico. Permanecen cerrados los establecimientos hoteleros y todos los que conforman la oferta de restauración, ocio y complementarios.

No parece razonable planificar una reactivación en función de una hipotética respuesta del turismo nacional en el que ciertos operadores confían a partir del próximo agosto. Su volumen no alcanza para paliar mínimamente la catástrofe padecida y, en iguales términos que los baleares, también el resto de españoles sufre el empobrecimiento que conlleva la crisis económica.

Con toda probabilidad la temporada turística 2020 está cerrada y fallida. Cuanto antes nos convenzamos de esta realidad, antes seremos capaces de planificar la reactivación para el 2021.

Corresponde a todos los poderes públicos tomar las medidas precisas a partir de la realidad aplastante de la hibernación definitiva del sector. E invocar a los poderes públicos implica referirse a los presupuestos de las administraciones, en sus dos aspectos de ingresos y de gastos. La recuperación de la actividad turística exige liquidez; y la liquidez se obtendrá a partir de la activación de los créditos y del aplazamiento de los tributos.

Se impone la colaboración de todos. Del sector público y del privado. Todos los partidos políticos deben pactar un libro blanco con medidas urgentes para salir de esta crisis. Ya habrá tiempo para que el Parlament recupere el debate y el control del Ejecutivo. Todas las administraciones, la interinsular, las insulares y las municipales deberán endeudarse a cambio de aplazar sus ingresos tributarios. De no hacerse así, quienes quebrarán serán las empresas y los ciudadanos. Y la proliferación de concursos se traduce en una futura reducción de sujetos contribuyentes.

Para que haya empleados es necesario que haya empleadores. Y para que haya empleadores es preciso que tengan fondos a fin de poder atender las cargas salariales.

Del mismo modo, debe exigirse la colaboración del sector privado. Estos días he constatado una proliferación de solicitudes de ERTE por fuerza mayor instadas por empresas que no han clausurado su actividad. El sector privado debe madurar en el cumplimiento de la ley, la desaparición de la economía sumergida y el abuso de contratos de trabajo ilegales. Ni la crítica a la clase política, ni siquiera la corrupción justifica la defraudación. La demanda de financiación crediticia y el aplazamiento de las obligaciones tributarias tienen que tener la contrapartida de la conservación de los puestos de trabajo. El esfuerzo debe ser mancomunado de la Administración y los administrados, de los empresarios y los sindicatos. El objetivo debe ser común: evitar el cierre de empresas y conservar el mayor número posible de puestos de trabajo.

Este esfuerzo se acrecienta en el sector turístico. Con toda probabilidad, los establecimientos turísticos ya no abrirán hasta la temporada 2021 y, por consiguiente, hasta entonces no ingresarán fondo alguno. Tal vez las grandes cadenas dispongan de recursos para sobrevivir. Ahora bien, nunca se favoreció la concentración empresarial y las pequeñas y medianas empresas del sector carecen de reservas para evitar una quiebra anunciada.

 

La temporada turística 2021

La temporada turística 2021 debe ser el objetivo a preservar. No será nada fácil. Alemanes y británicos que constituyen el grueso de nuestro turismo, estarán como nosotros en plena crisis económica. La demanda se resentirá y los precios deberán adecuarse a esa realidad.

Nadie podrá garantizar la seguridad sanitaria. A un año vista, el covid 19 no estará aún vencido porque ninguna farmacéutica augura una vacuna fiable para entonces. Casino Biologic, Gilead Science, Akers Biosciences, BioNTech… compiten por encontrar la vacuna pero todas coinciden en que los ensayos clínicos con humanos no estarán en ningún caso operativos hasta dentro de un año y, aún entonces, debería fabricarse por centenares de millones de dosis para suministrarse a la población mundial.

Y convenzámonos que la derrota del virus no llegará hasta tanto su vacuna no esté operativa y suministrada al grueso de la población mundial. Es este un virus tan contagioso que bastan pocos afectados para propagar la enfermedad exponencialmente.

Así pues, si resulta que para la temporada 2021 no estaremos vacunados y, en consecuencia no podremos garantizar la seguridad sanitaria de nuestros visitantes, ¿cómo planificar la salubridad de la temporada turística 2021?

 

El pasaporte sanitario

En este escenario de convivencia con el covid 19, se impone acreditar la salud tanto de los receptores como de los visitantes. Y para este objetivo no existe otra alternativa que el pasaporte inmunológico. La propuesta tiene su origen en la autoridad sanitaria alemana. El Gobierno alemán es el primero que ha anunciado la implementación de un documento sanitario de estas características.

Del mismo modo que el 11 S modificó los hábitos para viajar e incrementó los controles de seguridad de los viajeros, la pandemia del coronavirus alterará las condiciones de salubridad para embarcar en un avión, en un barco o en un tren. Todos aceptamos pasar por severas medidas de seguridad en los aeropuertos: túnel de equipajes de mano, cacheos, control aleatorio de estupefacientes, prohibición de líquidos por encima de 100 cl., escáneres personales… De igual forma se tratará de someterse a un test rápido de salubridad. Aunque no ofrezca la fiabilidad del PCR, el examen de los viajeros mediante un test de antígenos es un procedimiento rápido, económico y fácil de ejecutar. Con una toma de mucosa, el personal sanitario con sede en el propio aeropuerto podría detectar quién debe excluirse del embarque por dar positivo.

Por supuesto que previamente los ciudadanos de Baleares deberíamos habernos sometido a tests masivos de PCR para detectar y aislar los casos positivos y mejor contener así la infección. Carecería de sentido exigir salubridad a nuestros visitantes para no contagiarnos de ellos, si previamente no les garantizamos que no se contagiarán por visitarnos.

Me doy cuenta del stress de lo que propongo. Viajar se va a convertir en una odisea que exigirá acudir al aeropuerto con tres o más horas de antelación. Pero no existe otra alternativa si lo que se quiere es salvar la temporada turística del 2021. Y, por otra parte, se trataría de una medida solo temporal hasta la total erradicación del virus y las autoridades así lo deberían garantizar. No tendría ninguna justificación implantar estas medidas para perpetuarlas.

 

Consecuencias jurídicas del pasaporte sanitario

En un reciente debate, los profs. Cruz Villalón y Aragón Reyes han polemizado sobre si las actuaciones del Gobierno se atienen o exceden las facultades ya de por si extraordinarias que le confiere la declaración del estado de alarma según su regulación en la Constitución y la ley orgánica. Otros profesores de mi Asignatura ya se están manifestando contra una medida como la que propongo porque invadiría el derecho constitucional a la intimidad de los ciudadanos.

Coincido con este diagnóstico por lo que se refiere a los ciudadanos residentes. No cabe exigir a nadie que se someta a una prueba sanguínea que quede almacenada en el chip de un carnet sanitario. Los test PCR habrían de ser masivos para ser eficaces pero voluntarios para ser legales y respetuosos con la intimidad de las personas.

Ahora bien, el estado de alarma declarado afecta al derecho de libre desplazamiento que no se puede suspender pero sí limitar. Viajar es un acto voluntario que exige cumplir unos ciertos requisitos de seguridad a los que habría que añadir otros de salubridad. El test de antígenos se reflejaría en un documento habilitante para el viaje inmediato pero no tendría por que almacenarse en ninguna base de datos perpetua. No se suspendería el derecho a desplazarse, tan solo se constreñiría temporalmente con la exigencia de una prueba de mucosa y solo hasta que la derrota del corona virus sea definitiva.

Conforme al art. 149.20 y 21 de la Constitución, son competencias exclusivas del Estado el transporte aéreo, marítimo y terrestre cuando su ámbito exceda el territorio de una comunidad autónoma. Recalco este precepto porque mi propuesta excede la competencia del Govern balear. Es una decisión que corresponde a los órganos del Estado. Sin embargo, el Parlament tiene legitimación activa para remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley ex art. 87.2 de la propia Constitución.

No nos podemos permitir otra temporada turística como la actual, otro año de paralización total de nuestra economía. No nos podemos seguir empobreciendo a este ritmo infernal. La gravedad de la situación es máxima. Parecería que los políticos europeos compitan en acreditar quién llego menos tarde a la toma de decisiones, en justificar las razones de su temor a tomar a tiempo las decisiones drásticas que postergaron. De un político cabe esperar algo más que la simple administración de la realidad que se va imponiendo. Para eso bastarían buenos técnicos. A un político se le ha de suponer capacidad de anticiparse a los problemas, de proponer soluciones a problemas futuros, de liderar y convencer a la población de que el esfuerzo de hoy puede significar el bienestar de mañana. Nunca vivimos una situación como esta. Superarla exigirá mucho espíritu de Dunkerque.

 

José María Lafuente

Prof. Derecho Constitucional.

 

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