Les Illes Balears iniciaron el siglo XXI con las mismas deficiencias de financiación del estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales, que se arrastraban desde la constitución del Estado de las Autonomías. Éramos la autonomía financieramente peor tratada y nos sentíamos lógicamente perjudicados y discriminados.

El 22 de julio del 2005, la Plataforma Cívica: ”Pedimos a los partidos políticos un gran acuerdo de financiación para Baleares”, impulsada por el Cercle d´Economia de Mallorca e integrada por treinta y un entidades, presentó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y al Presidente del Gobierno de España el Manifiesto: “Propuesta de reforma del sistema de financiación”.

La sociedad civil, firmante del Manifiesto, estaba integrada por asociaciones profesionales, sindicatos, patronales, Universidad, entre otras muchas entidades, que apoyaban y exigían a sus representantes políticos una corrección por parte del Estado de una infrafinanciación crónica que, año tras año, dificultaba el desarrollo equitativo de los servicios públicos fundamentales.

La actuación conjunta de sociedad civil, partidos políticos y Govern de les Illes Balears dio sus frutos. Demostró que, en materia de financiación, no podemos resolver los problemas por nosotros mismos y que pocas cosas pueden reemplazar la solidez y el valor del trabajo conjunto. El esfuerzo colectivo ayudó, además, a dar cohesión y a transmitir la imagen de que la sociedad balear funciona.
La unidad es fuerza y fruto de ello, la reforma de la Ley de Financiación de la Comunidades Autónomas el año 2009 aportó mejoras considerables.

Con la anterior Ley, el déficit era de unos 500 millones de euros inferior a la media estatal. En la actualidad, estamos situados en la media. Alcanzamos nuestro primer objetivo. Aún quedaba por desarrollar el REB y mejorar varias partidas presupuestarias infradotadas, tales como las inversiones del Estado en nuestra Comunidad Autónoma. Siempre hemos ocupado también el
último o penúltimo lugar del ranking de inversiones per cápita.

Activamos de nuevo la Plataforma Cívica y en junio de 2017 presentamos el documento. Esta vez el Manifiesto lo suscribieron más de setenta entidades.
Las recientes declaraciones de la Ministra de Hacienda con respecto a la mejora de las inversiones del Estado en nuestra Comunidad, concretando el denominado Factor de insularidad en 183 millones de euros, son una buena noticia. Estamos a la espera de su publicación en el BOE.

El Cercle d’Economia quiere agradecer la confianza histórica depositada como aglutinador y felicita a todos los miembros de la Plataforma Cívica por su apoyo, esfuerzo y perseverancia. Una sociedad unida, que apoya a los políticos legítimamente elegidos para una financiación justa y para el reconocimiento efectivo del “hecho insular” que recoge la Constitución, es el ejemplo real y práctico de que la inteligencia y la fuerza colectivas pueden alcanzar logros que parecían, hasta hace muy poco, imposibles. El acuerdo, firmado por la Presidenta balear, Francina Armengol y la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, fija el cálculo de la dotación inicial del factor de insularidad en 110 millones para ser incluida en los PGE 2022. Ello incluye 73 millones más de compensación a las Illes Balears por la no inclusión en las cuentas del año 2021. En total, el importe para 2022 asciende a 183 millones. Esto supone también que, tras las décadas de trabajo conjunto entre las más de 80 entidades e instituciones de las Islas que conforman la “Plataforma per a la reforma del sistema de finançament“ se ha logrado plasmar el espíritu de “consenso inteligente” que se promovió desde el primer día.

La unión de la sociedad civil balear ya tuvo protagonismo durante la reforma de la Ley de Financiación en 2009 que aportó mejoras considerables y permitió a las Baleares abandonar la cola de la financiación al pasar de un saldo fiscal negativo del 7,3% del PIB al 5,8%.

De nuevo, la Plataforma ciudadana consiguió aunar al grueso de la sociedad de las Baleares frente a una reivindicación política y social de justicia. El compromiso asumido entonces se materializa con el acuerdo alcanzado en la finca de Raixa (Bunyola) el pasado 22 de septiembre.