El museo Es Baluard (Aujub) ha acogido la conferencia titulada «Universidad y Empresa: retos y oportunidades de una cooperación estratégica», a cargo de Antonio Abril, actual presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. En el acto, organizado en colaboración con el Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), han estado presentes también sus respectivos presidentes, Pep Vicens y Antonio Bennasar.
El que fuera secretario general de Inditex, ha centrado su exposición en las oportunidades y desafíos que plantea la cooperación entre las universidades y el sector empresarial en España. Abril ha comenzado su conferencia subrayando la importancia del talento como el “verdadero motor del desarrollo económico y social”, explicando que el talento se forma en buena medida dentro del sistema educativo, donde las universidades desempeñan un papel esencial e insustituible. Sin embargo, ha lamentado que España no apueste decididamente por el poder transformador de la educación, como lo prueba el que se sitúe en el puesto 32 de 63 países, en el ranking de talento del International Institute for Management Development (IMD).
Abril ha señalado que:
España es generosa en la producción de graduados universitarios, pero nuestra economía no es capaz de ofrecer empleos de alta cualificación para ellos, lo que resulta en una cierta precariedad de la titulación universitaria, con un 9% de paro, un 36% de infraempleo o sobrecualificación, y una excesiva emigración del talento.
Este desajuste se ve agravado por la creciente brecha entre la oferta y la demanda de profesionales, un problema que pone de manifiesto la falta de conexión estratégica entre universidad y empresa.
El presidente de la CCS ha comparado esta situación con el creciente protagonismo de la universidad privada y de la formación profesional de grado superior, cuyos sistemas compiten mejor porque se orientan más en la formación de las capacidades y competencias profesionales que las empresas requieren y trabajan mucho la empleabilidad de sus estudiantes.
Abril también ha analizado en su ponencia los problemas estructurales del sistema universitario público español, principalmente su insuficiencia financiera y una gobernanza deficiente, con un modelo único en el mundo que viene penalizando su excelencia y que ha creado excesiva distancia y falta de compromiso mutuo entre universidades y sector productivo. Criticó que España sea probablemente el país del mundo, entre todos los comparables, donde menos participación tiene la sociedad en la gestión y en la supervisión de la transparencia y rendición de cuentas de su universidad que, sin embargo, es un servicio público que financiamos muy mayoritariamente todos los ciudadanos. “Haber orientado los resultados de la mucha y buena investigación de nuestras universidades hacia la publicación científica y no hacia la transferencia al sector productivo, ha pasado una importante factura económica a la sociedad española” ha enfatizado.
Este problema, ha explicado, se remonta a 1983, cuando la LRU, la primera ley universitaria de nuestra democracia, “cometió el error de confundir y asimilar autonomía universitaria con autogobierno de quienes trabajan y estudian en ella, dando lugar a una universidad excesivamente corporativa y endogámica, alejada de la sociedad a la que sirve, en perjuicio de la competitividad y meritocracia que son necesarias en la universidad del mundo que nos ha tocado vivir”.
Abril ha puesto especial énfasis en el informe de 2021 de la OCDE, en el que se definen las cuatro áreas clave para reformar la colaboración entre universidad y empresa en España:
- Rediseñar la gobernanza universitaria para fortalecer su compromiso social.
- Reorientar los incentivos hacia la transferencia de conocimiento al sector productivo.
- Mejorar el funcionamiento de los agentes de intermediación, desarrollando una cultura de cooperación efectiva.
- Promover la capacidad de innovación y colaboración empresarial, superando la atomización y la baja competitividad del tejido empresarial español.
Abril ha sido también muy crítico con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, señalando que “va en contra de las recomendaciones de los expertos, de la ciencia, de la empresa, de los modelos de éxito en Europa y de los objetivos que marca la OCDE, manteniendo un inadecuado sistema actual de gobernanza universitaria y no apostando por la participación de la sociedad en la universidad a través de los consejos sociales”.
Como presidente de la CCS, ha destacado la importancia de estos órganos como puentes entre la sociedad y la universidad, lamentando que no cuenten con los recursos y las capacidades reales para ejercer su labor de manera efectiva. En la charla, ha abogado por fortalecer los consejos sociales a través de las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la universidad y su conexión estratégica con el sector productivo. “El reto está ahora en manos de las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU; hay campo para ampliar nuestros recursos y capacidades”, ha concluido.
El presidente del Consejo Social de la UIB, Antonio Bennasar, ha subrayado la importancia de contar con Antonio Abril en estos momentos “pues es un lujo contar con alguien que conoce tan bien tanto el mundo de la empresa como el de la universidad para compartir su experiencia y proponer vías de trabajo conjunto que permitan avanzar en un entorno complejo y cambiante como el actual”.
Esta conferencia se ha presentado como una oportunidad para sensibilizar al público acerca de la urgencia de avanzar hacia un modelo educativo más conectado con las necesidades del mercado laboral y más comprometido con el desarrollo económico y social.
Sobre la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) han explicado que: Los Consejos Sociales son los órganos de representación de la sociedad en la Universidad. Entre sus funciones destacan la supervisión y aprobación de los presupuestos de cada centro, así como de su oferta académica. La Conferencia agrupa a los Consejos de todas las universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de centros privados. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y por la legislación específica de cada Comunidad Autónoma.
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