Sobre la negociación del Nuevo Modelo de Financiación
Nota de Opinión conjunta emitida por Cercle d’Economia de Menorca y Cercle d’Economia de Mallorca
La financiación adecuada de los servicios públicos fundamentales constituye un reto de gran relevancia para las Illes Balears, pues de ella depende el bienestar presente y futuro de su ciudadanía. Servicios esenciales como la sanidad, que garantiza la atención sanitaria y el cuidado de las personas; la educación, que forma a los jóvenes y profesionales; las prestaciones sociales para mayores y personas vulnerables; y las inversiones en infraestructuras, entre otros ámbitos, son pilares básicos de nuestro Estado de bienestar. Por este motivo, desde hace décadas, los Cercles d’Economia de Menorca y Mallorca han reclamado con insistencia la unión de fuerzas entre partidos, instituciones y agentes sociales para conseguir un sistema de financiación transparente, adecuado y justo para el archipiélago.
Cabe recordar que la Constitución española reconoce, desde hace 48 años, el “hecho insular” como un elemento esencial a considerar para garantizar el equilibrio territorial y el principio de solidaridad. Así lo establece el artículo 138, que subraya la necesidad de tener en cuenta las particularidades de los territorios insulares en la distribución de
los fondos públicos. Canarias, como otra comunidad insular, cuenta con un régimen económico y fiscal especial, regulado atendiendo a las disposiciones de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas. Un régimen al que las Illes Balears no pueden acogerse por no tener esta consideración, pese a contar con un régimen fiscal propio a todas luces insuficiente.
En un territorio pequeño, fragmentado y alejado del continente como el de las Illes Balears, concurren desventajas permanentes que deben ser compensadas. Así lo reconoce la resolución del Parlamento Europeo del 7 de junio de 2022. La necesidad de prestar servicios públicos fundamentales con calidad y equidad en Formentera, Menorca, Eivissa y Mallorca es incuestionable: hospitales con especialistas de primer nivel, centros educativos de calidad, acceso a recursos escasos como el agua, energía suficiente y vivienda digna, entre otros. Además, el transporte —tanto marítimo como aéreo— es fundamental para personas y mercancías, ya que el 90% de los productos de consumo y materias primas necesarios para satisfacer las necesidades de la población residente (1.200.000 personas, cifra en continuo aumento, a un ritmo que triplica la media estatal, al tiempo que otras comunidades se vacían) y de los 20 millones de visitantes anuales dependen de estos medios. Por otro lado, las exportaciones industriales se ven claramente perjudicadas por el impacto de los fletes.
Las últimas décadas han transformado este pequeño y frágil territorio pluriinsular —el más pequeño del Estado, frágil y vulnerable como demostró la pandemia de covid— en una auténtica locomotora económica, aunque no exenta de impactos negativos que se concretan en el descenso del PIB per cápita y la afectación a la industria, la agricultura y el territorio. A pesar de ello, las Illes Balears son la segunda comunidad de régimen común que más aporta por habitante al Estado, sólo superada por Madrid, según el modelo de financiación vigente desde 2009. Este modelo, ya obsoleto y caducado desde 2014, es objeto de revisión por parte del Ministerio de Hacienda, en un contexto de gran debate mediático y político.
Por el momento, son muy inciertos los resultados de la propuesta, con luces —agilización, simplificación del modelo, menor desviación entre territorios…— y sombras. La propuesta del Gobierno aumenta ligeramente nuestra financiación actual, pero consideramos que es claramente mejorable en el modo en el que se ajusta a la población por necesidades de gasto, pues no trata adecuadamente la realidad de las Islas: la insularidad, el rápido aumento demográfico, la población flotante, la estacionalidad económica, la ordinalidad y el coste de la vida, históricamente más elevado en el archipiélago. Si nos atenemos a las cifras ministeriales, el saldo entre lo que se va a recibir por la nueva propuesta y lo que es nuestra alícuota de participación en la financiación de lo que tendremos que sufragar con impuestos, es claramente negativa, lo cual profundizará, en lugar de aliviar, nuestro déficit fiscal. Para ello, será decisivo conocer los detalles aún pendientes. Así, desde la sociedad civil insular pensamos que es necesario mantener una actitud vigilante, proactiva y colaborativa, como ya hicimos en el pasado, para poder pasar de la cola a la media en el modelo de financiación de 2009, y para que nuestros representantes políticos locales se sumen al acuerdo para conseguir la mejora real, estable y efectiva de la financiación balear. En otras palabras, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para asegurar que nuestra contribución a la necesaria cohesión territorial no impida financiar de manera adecuada nuestros servicios públicos fundamentales.
Por todo ello, los Cercles d’Economia de Menorca y Mallorca manifiestan públicamente su apoyo y colaboración con otros agentes sociales, partidos políticos y el Govern de Illes Balears, tal como se hizo en 2009, para afrontar la negociación propuesta por el Gobierno de España. El objetivo es lograr una financiación adecuada y justa para las personas de estas islas, que incluya las variables comentadas que afectan a la realidad insular, que permita a su vez contribuir a la solidaridad interterritorial, mejorar el bien común y fortalecer el estado de bienestar, con rendición de cuentas, permanente y transparente, ante los ciudadanos. Nos jugamos mucho en ello.
Palma, 26 de enero de 2026
