Nota de Opinión conjunta emitida por Cercle d’Economia de Menorca y Cercle d’Economia de Mallorca
Éste es un momento crítico para la financiación autonómica balear. Los padres de nuestra Constitución reconocieron y garantizaron, en 1978, «la autonomía de las nacionalidades y regiones» y la solidaridad entre todas ellas, estableciendo -en su artículo 138.1- la necesidad de un equilibrio adecuado y justo, «atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular». En este sentido, y muy recientemente -en junio de 2022- el Parlamento Europeo aprobó, por abrumadora mayoría -con el 92% de sus votos favorables-, su «Resolución sobre las características y especificidades de las Islas de la Unión Europea», que reconoce la insularidad como una desventaja estructural permanente, que las islas se enfrentan a desafíos comunes, lo que hace que sea crucial adoptar soluciones flexibles que tengan en cuenta estas especificidades. Subraya que el PIB y el nivel de desarrollo de las islas europeas están por debajo de la media de la Unión -y de los países a los que pertenecen- y que, además, en el caso de los archipiélagos como el nuestro, la doble, y a veces triple, insularidad multiplica estas dificultades (la necesidad de un Hospital en una Isla como Formentera, por ejemplo). Recuerda, asimismo, y a ninguno de los residentes se nos escapa, que la insularidad genera problemas estructurales de dependencia del transporte marítimo y aéreo, con costes adicionales para la importación y exportación de mercancías, materias primas, especialmente energéticas, productos de consumo y transporte de personas que, sin duda, tienen impacto sobre los Servicios Públicos Fundamentales (Sanidad, Educación, servicios sociales). Enfatiza, por último, que las economías de las islas están orientadas hacia los sectores primario y terciario, y que la hiperespecialización debilita al tejido económico haciéndolo más vulnerable a las desaceleraciones y las crisis, como ha quedado bien demostrado. Canarias y Baleares son las Comunidades que más sufrieron durante la pandemia y que menos han crecido en términos de PIB per cápita en lo que va del Siglo XXI.
A pesar del mandato constitucional, y de otras evidencias, lo cierto es que en Baleares ha costado mucho «equilibrar» mínimamente los malos números de la financiación inicial para ahora sacrificarlos por una coyuntura política adversa. No fue hasta la reforma de 2009 –o sea, tres décadas más tarde- cuando se logró situarnos en la media nominal, sin ajustar por capacidad real de compra, y equilibrando a Baleares dentro de las autonomías financiadas por el denominado «régimen común». De modo que en esta nueva y previsible mudanza hay que velar por no perder lo que tanto nos ha costado conseguir, con el esfuerzo de todos -políticos y sociedad-, incluidos los de estos Cercles d’Economia, así como los de otros líderes de la sociedad civil balear (una Plataforma de numerosas entidades). Por eso, en estos momentos que tanto se habla de «financiación Singular», alertamos y pedimos al Gobierno actual, que esté muy atento a los cambios que se puedan producir con las nuevas vías de financiación abiertas por el acuerdo que se vislumbra con Cataluña, ya que los cambios en favor de una mayor financiación sobre la base de nuestra capacidad fiscal, superior incluso a la catalana, al amparo del principio de ordinalidad, no pueden perjudicar y deberían beneficiar a las Islas de manera importante.
Por otra parte, si la negociación política no permite cambios en esta dirección, y se mantiene el sistema basado en las necesidades fiscales estimadas por el Estado a partir de la recaudación, queremos alertar de los siguientes aspectos:
1. De los efectos que puede generar una supuesta simplificación con la abolición del Fondo de Competitividad, que hoy mejora y equilibra relativamente la financiación balear. No hay que olvidar que precisamente el Fondo de Competitividad se creó para garantizar que aquellas Comunidades cuyos recursos por «habitante ajustado» sean inferiores a la media, teniendo en cuenta la capacidad fiscal, vean incrementados dichos recursos con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos.
2. La necesidad de mantener una impronta de la insularidad en las variables de reparto del Fondo de garantía de los servicios básicos, que puede aumentar, pero nunca llegar a la nivelación total de todos los servicios, lo que reduciría aún más la responsabilidad fiscal de las Comunidades autónomas.
3. Desde el mantenimiento del régimen común preservar la participación en el IVA con los índices de imputación actuales, huyendo de la propuesta denominada del IVA colegial, que puede hacer perder competitividad en las Islas en beneficio de una recaudación mancomunada y no basada en el consumo efectivo.
4. Considerar en lo posible las variables relativas a la presión que sobre los servicios básicos impone la población de hecho (población soportada, crecimiento demográfico), las consecuencias del modelo productivo sobre la vivienda de la población local y de los recién llegados en el acceso a los servicios sociales y en la pérdida de capacidad adquisitiva, incorporando la constatación bien conocida de que un euro no compra lo mismo en los distintos sitios de la geografía española.
5. Los análisis económicos muestran que hay una relación significativa entre la infrafinanciación acumulada y la deuda autonómica que se ha de corregir.
Por todo ello, es necesario velar por una financiación equilibrada, adecuada a las necesidades reales de un archipiélago, justa y solidaria, que permita la corrección del déficit fiscal que es también déficit social para los habitantes de las Islas.
Palma, 30 de septiembre de 2024
