Condonación de la deuda de las comunidades autónomas
I. Introducción
La historia de los sistemas de financiación –en nuestro Estado conviven dos modelos con lógicas muy diferentes, el régimen foral y el régimen común– es una historia inacabada y postergada, de controversias y sucesivas reformas, en parte debido a la complejidad de compatibilizar intereses y visiones muy distintas. En las Islas Baleares, desde 1983, también ha sido una historia de infrafinanciación persistente y reconocida hasta 2009, seguida de reivindicaciones intensas desde el principio, pero también una historia de cómo el compromiso ciudadano, el rigor, la determinación y la colaboración honesta entre la sociedad civil y los representantes políticos democráticamente elegidos lograron acercarnos –con la participación muy activa del Cercle-, desde la cola del sistema, “a la media”; es decir, a recibir “una financiación más adecuada y cercana a la justa, teniendo en cuenta, en particular, el hecho insular”, un aspecto previsto por la Constitución de 1978 y recogido en su artículo 138.1.
El sistema, que se aprobó en 2009, caducó en 2014, y once años y varias legislaturas después, con dos crisis de calado (recesión y coronavirus), continúan las disfunciones y las visiones diversas entre los territorios. En esta situación el Gobierno de España ha aprobado hace unas semanas el Anteproyecto de Ley que permite al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas (1.741 millones en Baleares), una medida que afecta sólo a las autonomías de Régimen Común y que, en teoría, supone un ahorro estimado de 6.700 millones de euros en intereses para todas las Comunidades.
No podemos olvidar que el sistema de financiación autonómico es, en definitiva, el que determina los recursos disponibles para financiar los pilares de los Servicios públicos Fundamentales transferidos (Sanidad, Educación, Protección social) y, por tanto, su disfunción tiene consecuencias no sólo económicas (con más o menos diferencias de recursos por habitante), sino también sociales y políticas. Es, también, un instrumento de solidaridad entre territorios. Por eso y porque trasciende a legislaturas y a partidos, sólo se puede construir con una actitud de consenso, sobre la base de la simplificación y de la transparencia –y de su evaluación; actitud que siempre ha mantenido el Cercle d’Economia de Mallorca y con la que se escribe esta nota de opinión.
Conviene no olvidar tampoco que el territorio insular Balear ocupó el furgón de cola hasta el año 2009 y que, en gran parte, la deuda autonómica no puede achacarse a una política local desacertada –de unos u otros gobiernos- sino fundamentalmente a factores externos (infrafinanciación crónica acumulada, crecimiento demográfico intensivo -con necesidad de infraestructura y profesionales-, inversiones deficitarias, crisis financieras hipotecarias, efectos del hecho insular, etc..). Parece claro pues, que hubiese sido preferible, un análisis más riguroso de la condonación que contemplase todas estas variables y otras que influyen en las Comunidades peninsulares y en las insulares por su singularidad reconocida.
También hemos defendido en el Cercle, y desde siempre, la necesidad de la evaluación de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, de evitar duplicidades y de optimizar los recursos. Y por supuesto, atendiendo ala reciente aprobación por el Consejo de ministros del 2 de septiembre de 2025, del “Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común”. Esta supone una medida “inédita” y “excepcional”, y que con su aceptación permitirá reducir, los gastos financieros de la Comunidad balear. No se entendería por la ciudadanía, por lo tanto, que no se solicitara y se acogiera a dicha condonación.
II. Los Datos
Intentando pues aportar claridad aquí van algunas cifras:
Según datos del Banco de España las Comunidades Autónomas tienen una deuda de 330.000 millones de euros, el 21,1% del PIB, de los cuales corresponden a Baleares 8.661 millones que suponen el 18,8 % de nuestro PIB.
La diferencia entre lo que deben unas y otras CCAA es muy grande: desde Valencia -junto con Murcia la Comunidad peor financiada- que debe el 40,07% de su PIB; a La Rioja -después de Cantabria la mejor financiada- que debe el 14,5%. Las Comunidades Forales, Navarra y el país Vasco, disfrutan de una financiación privilegiada muy por encima de la media y están muy poco endeudadas.
El Gobierno de España negoció con ERC un acuerdo de investidura, donde se comprometía a condonar parte de la deuda de Cataluña. La propuesta del Gobierno ha sido condonar a todas las CCAA 83.000 millones, de los que corresponderían a Baleares 1.741 millones, un 20,3% de la deuda balear.
El Estado asumiría la titularidad de los referidos 1.741 millones en el momento de su vencimiento. Esta condonación no está sujeta a ninguna condición. Una vez aprobada la ley orgánica correspondiente cada CCAA tiene que solicitar expresamente la condonación para hacerla efectiva. En primer lugar, analizamos cual es la causa de la enorme deuda de las CCAA.
El Estado del Bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como las infraestructuras públicas de nuestra Comunidad Autónoma se financian mayormente, por un lado, con: los recursos que recibimos del Sistema de Financiación, y por otro lado, con los de las Inversiones del Estado consignadas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Recordemos que Baleares estuvo infrafinanciada desde el momento mismo del traspaso de competencias. La ley orgánica financiación de las CCAA, desde su aprobación en 1.980, discriminaba a Baleares con una financiación per cápita veintiún puntos porcentuales por debajo de la media. Esta situación se mantuvo hasta el año 2009, año en el que la reforma del Sistema de Financiación nos acercó en términos nominales a la media del sistema. La infrafinanciación es la fuente principal de los 8.661 millones € de la deuda actual.
El Sistema de Financiación actual, aprobado el año 2009, arrastra una serie de deficiencias graves, entre las que destacamos:
– Distribuye los recursos de forma desigual. Según los datos del propio Ministerio, la diferencia entre la mejor financiada – La Rioja- y la peor financiada – Murcia – es de 23 puntos porcentuales. Tenemos un problema de equidad.
– No garantiza a todas las CCAA tener los recursos suficientes para sufragar los gastos del estado del bienestar, de modo que en muchas CCAA la deuda sigue aumentando y seguirá aumentando posiblemente después de la quita.
– No considera en su cálculo las diferencias de capacidad de compra de cada CCAA ni las fuertes variaciones de población registradas.
En lo que respecta a las Inversiones del Estado la discriminación ha sido clamorosa. En el año 2018 el Govern cuantificaba en casi 1.800 millones de euros, cifra muy cercana al importe de lo que se condona, lo que ha dejado de invertir el Estado en Baleares en los últimos diez años por no estar nuestra Comunidad en la media de inversión estatal por habitante.
III. Conclusiones
Resulta evidente que la deuda que en la actualidad soporta Baleares proviene básicamente de: la infrafinanciación endémica que genera el Sistema de Financiación Estatal, del hundimiento de la recaudación provocado por la Gran Recesión durante los años 2009 a 2014, de la mínima dotación presupuestaria de las inversiones del Estado, del desequilibrio vertical en los ingresos recaudados por una y otra Administración, y del enorme aumento de la población registrado -un 54% desde el año 2.000-.
El cálculo de la cantidad a condonar lo hace el Gobierno en base a su cálculo del impacto que provocó la Gran Recesión, periodo que abarca del 2009 al 2023, en las cuentas de las CCAA, que se vieron obligadas a sobreendeudarse. A la cantidad resultante le aplica unos ajustes adicionales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera que la quita de la deuda supondría un ahorro de intereses acumulados hasta 2.030 de 15.657 millones de euros. El ahorro que le correspondería a Baleares en este periodo sería de 299 millones de euros, aunque para que dicho ahorro lo puedan gastar las CCAA en otras partidas de gasto corriente se tendrían que modificar “las reglas de gasto”.
Ante esta situación consideramos que:
1. Aunque lo ideal, según nuestra visión, sería acometer la reforma integral del Sistema de Financiación Autonómica conjuntamente con la deuda, la publicación reciente del anteproyecto de Ley Orgánica con carácter excepcional para la condonación de las CCAA, presupone que ese no será el caso y Baleares deberá pronunciarse.
2. Desde la perspectiva balear, la condonación de la deuda no es un regalo; no deja de ser un pago retrasado del Estado de la financiación que no transfirió en su momento. Un acto de justicia para compensar la infrafinanciación acumulada.
3. Desde la óptica de la equidad, la condonación es necesaria, aunque el criterio de cálculo del reparto de la quita no resulta razonable. Parecería más lógico que se hiciese en base a la infrafinanciación ocasionada a cada Comunidad por la insuficiencia del Sistema. Consideramos que el debate político debería centrarse en si el criterio del Gobierno Central para calcular el importe de lo que se condona a cada Comunidad es razonable, y no en si procede o no la condonación.
4. La quita debería estar insertada y condicionada a una reforma de la financiación que mejorase la responsabilidad fiscal, la disciplina en el gasto y la buena gobernanza tributaria.
Si el Gobierno central no asume que lo prioritario y sustancial es la reforma de Sistema de Financiación en su conjunto, y decide empezar por la condonación de la deuda, considerando que el importe de los intereses no pagados de la deuda condonada estará a libre disposición de las CCAA, ha de resultar compatible la crítica al procedimiento y criterios de condonación con la solicitud y aceptación de dicha condonación. No se entendería de otro modo por parte de la ciudadanía.
Palma, 14 noviembre 2025
